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8/9/2016 
Autor: Diego Granda 
Videos: Candela Grizutti - Armando Flores 
Fotografías: Sebastián Granda - Diego Granda
Fuente: Protex
Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones ...

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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS EN LA FRONTERA ARGENTINO BOLIVIANA

Autor: Diego Granda 
Videos: Candela Grizutti - Armando Flores 
Fotografías: Sebastián Granda - Diego Granda
Fuente: Protex

CONTINÚA SEGUNDA PARTE

Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. 

Se trata, además, de un crimen transnacional. La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. 

Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en el 2013 Mercedes Assoratti, la directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires (posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La Alameda, Lucas Schaerer). 

“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. 

“En los últimos meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires”. Hay expedientes en la Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70 mil pesos por persona. 

Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. 

Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles -que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas-, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.

En el 2011, Ariel Llampa partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Lo siguen buscando. Uno de los "karaokes" más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. 

En el fondo, mientras suenan las últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer mayor. Quienes entran, suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas horas. El pago se realiza al final. Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información. 

Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.“Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel -quien por entonces tenía 17 años- partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. 

Me traicionaron”. A pesar de que la Justicia tiene todos los datos y se rastreó la ubicación del IP del ordenador (el número con el que la computadora se conecta a internet) al momento de postear en la red social, aún no dieron con su paradero. A Ariel Iván Llampa se lo tragó la tierra. Ceferino, su papá, se muestra con una actitud más resilente que su esposa (o menos, según como se mire): piensa que la policía de Villazón “lo mató” por alguna situación de violencia, o que “lo vendieron a los narcotraficantes”. 

Su caso fue un emblema. Junto al de Antonella, despertaron manifestaciones de algunos lugareños. Actualmente, reclaman cada tanto, con marchas o grafiti en las calles de La Quiaca. Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino Santiago Inchausti no le sorprende. 

“Solo hay 153 personas condenadas por trata en la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”, aseguró en el último coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco, convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir abiertamente sobre esta cuestión. 

La disertación del joven juez dejó en evidencia la falta de resoluciones en nuestro país. Bergoglio sostenía, antes de ser ungido Sumo Pontífice, que en la Argentina “todavía hay esclavitud de diversas maneras, hay migrantes que son regenteados por migrantes de su mismo país, que ya son gente asumida por este sistema de esclavitud contra sus mismos hermanos”. 

Entre el 2008 y el 2012, Bergoglio, por entonces cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, y el padre Mario Videla, por entonces director del Departamento de Migraciones del arzobispado porteño, organizaron misas especiales para migrantes y víctimas de trata en los barrios de Barracas y La Boca. La Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por día pasan 900 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe. 

Desde que el padre Manolo Pliego, que dirigía el lugar, se fue a vivir a Cuba, y Jesús Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca, no se trabajó mucho más. En su momento, por ejemplo, tenían los recursos para interceder en casos de chicos a los que se detectaba pasando la frontera sin sus padres. 

O con permisos que —casualmente— siempre se redactan en el mismo estudio jurídico. Hoy, el refugio es atendido por dos mujeres del lugar: en el 2015 sólo albergaron a 36 personas y en el 2016, a una sola. “Pasa que ya no está el Padre, que era el que conseguía más recursos”, explica Norma Mamani, una de ellas

Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores, terminan enredados en distintos tipos de explotación o trata de personas. Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores; chicos que son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de la minería ilegal e informal, según el último informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional; o llevados a pisar la hoja en los campos de coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en San Pedro, Jujuy; a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires; adolescentes que terminan enredadas en explotación doméstica o explotación sexual; o trabajos en fábricas de la Patagonia argentina. 

El último caso público fue difundido por el departamento de prensa de Gendarmería el 6 de julio del 2016: una nena de tres años a la que buscaban en el conurbano bonaerense apareció en un recorrido del Escuadrón 21, en un paraje llamado "El Sauce", a pocos kilómetros de La Quiaca, junto a un boliviano de 29 años que ya registraba una “causa por sustracción de menores en grado de tentativa”, según afirmó la gacetilla. 

De acuerdo con las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “existen organizaciones criminales en Oruro, Potosí y La Paz, desde donde se traslada a las víctimas de trata a Cochabamba y Santa Cruz, para después sacarlas del país por Yacuiba, Bermejo y Villazón, rumbo a la Argentina”. Basta con ir a la Plaza de Flores o a la terminal de Liniers, en Buenos Aires, para comprender la situación. De acuerdo al último censo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad de bolivianos es la más numerosa entre las extranjeras, seguida de la de paraguayos y la de chinos.

La oficina más cercana del Ministerio de Seguridad de la Nación queda en Tucumán, a unos 600 kilómetros de la frontera. A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre la cuestión. El tema no aparece en la agenda del Gobierno jujeño; incluso el Ministerio de Seguridad de la Nación, que prorrogó hasta diciembre de este año -a pesar de las críticas durante la última campaña electoral- el plan Escudo Norte de protección integral de fronteras, tiene su oficina más cercana en Tucumán, que queda a 616 km del límite argentino. 

La lejanía geográfica hace que el control se torne operativamente inviable. El Escuadrón 21 se encuentra bajo la órbita de ese ministerio. La extensión del plan creado por Cristina Kirchner en el 2011 se realizó a través de un decreto firmado por el actual presidente Mauricio Macri al poco tiempo de asumir. Desde marzo del 2016, aproximadamente, grupos bolivianos bloquean el paso legal como manifestación diaria en contra de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF). 

Esta tarjeta es una propuesta del actual intendente quiaqueño, el reelecto Miguel Ángel Tito, para que los vecinos de ambas ciudades fronterizas posean una documentación que les permita el libre tránsito, registrado. Como las nuevas autoridades consulares no intervienen, los piquetes determinan que el único lugar posible para cruzar la frontera sea el río. 

La calle Jujuy -ocurrentemente, lleva el mismo nombre que la provincia-, a unos 500 metros del paso legal, se consolidó como el nuevo paso cotidiano, aunque sin control. La cabo de la policía boliviana Lucía Ramírez Mamani, directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura que "es frecuente recibir denuncias de personas perdidas o detectar tránsito irregular". 

En el 2015, recibieron 387 denuncias, según consta en actas exhibidas a este cronista. Lizeth Mollo asumió este año en la oficina de tráfico de personas, que depende del Ejecutivo boliviano. “En tres casos comprobamos que podían terminar en trata: dos, de menores llevados sin papeles a la Argentina, y uno desde la Argentina para acá”. Considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina como boliviana, en comenzar una búsqueda. 

Si un familiar realiza la denuncia, le exigen, primero, documento de identidad, que no todos tienen; y luego, esperar 48 horas para comenzar a buscarlo, por si anda por ahí. Antes de ese lapso no se hace nada, a pesar de que las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal indican lo contrario. 

Es lo que pasó con Ariel Llampa. Se demoró el inicio de la búsqueda. Con más celeridad, quizás su destino hubiera sido distinto. Su papá, Ceferino, relató ante la Justicia lo ocurrido esos primeros días de su desaparición. Supuestamente, a los pocos días, un mozo del hotel quiaqueño La Frontera escuchó hablar a un grupo de jóvenes sobre un chico al que “habían vendido”. 

La familia Llampa peregrina con una carpetita en busca de ayuda hace cuatro años. “Tuvimos reuniones con Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Eduardo Fellner; todos fueron breves y no pasó nada. Nos afiliamos a la organización Túpac Amaru de Milagro Sala, pagamos todos los meses y asistimos a las asambleas, y nadie nos ayudó. Ahora, queremos juntarnos con Mauricio Macri. 

También intentamos hablar con Gerardo Morales y no pudimos”, cuenta Ceferino. “Queremos que vuelvan a aumentar el monto de la recompensa, yo no tengo plata para seguir luchando; a veces pienso en salir a pegar carteles, pero se me acaban las fuerzas. Quiero saber al menos qué fue lo que pasó”, agrega Justina.

Hay actualmente 6.033 personas siendo buscadas en la Argentina. Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas, aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra debe ser mayor. Máximo, hermano de María Cash, la joven que despareció hace cinco años, insiste ante la ministra Patricia Bullrich en su pedido de crear una Agencia Federal de Búsqueda de Personas. 

Le presentaron un proyecto de ley cuando era diputada y, ahora que está a cargo de la cartera de Seguridad, recomiendan que sea directamente una subsecretaría del Ministerio. El Mercosur elevó informes en línea con el requerimiento de la familia Cash. Si bien el último registro de María fue en Rosario De La Frontera, Salta, hay testigos que aseguran haberla visto en Jujuy. 

"Los juzgados federales no nos dan ni cinco de bolilla", denunció Máximo en una reciente entrevista al diario La Nación. Su padre falleció en una ruta de La Pampa, en uno de sus viajes buscando pistas sobre su hija. Iba en búsqueda de una amiga, una de las últimas personas que la vio antes de que tomara un colectivo en la terminal porteña de Retiro con destino a Jujuy, donde la esperaba un amigo. 

“Mi papá era el que levantaba el polvo y salía a buscarla siempre, y creemos que en La Pampa lo embistieron”, dijo Máximo. Al resto de la familia no le quedan muchas fuerzas. Recientemente, la PROTEX le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060 personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado. 

Las cifras continúan mostrando una tendencia contundente: el tráfico ilegal de migrantes atraviesa en un cien por ciento a las distintas modalidades de trata de personas que, sin dudas, es el ejemplo de ataque más flagrante a los derechos humanos que podemos encontrar en estos tiempos. 

Diferentes especialistas coinciden en que ante la crisis humanitaria y migratoria que sufren varios países desarrollados, existe la posibilidad de que América Latina vuelva a ser “el destino de la esperanza”, como lo fue para nuestros abuelos, y de que recibamos en los próximos cinco años a un numeroso caudal de expatriados sin rumbo. La pregunta es: ¿estamos en condiciones de garantizar sus derechos humanos? 

DATOS DESTACADOS

900 menores pasan por día de forma irregular por la frontera La Quiaca-Villazón. Fuente: Pastoral de Movilidad Humana. 

18.000 niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos en la Argentina. Fuente: Defensoría del Pueblo de Bolivia. 

70.000 pesos argentinos (unos 32.600 bolivianos) es el costo de cruzar a una persona indocumentada desde Villazón (Bolivia), pasando por La Quiaca, hasta Buenos Aires. Fuente: Justicia Federal jujeña. 

1.200 hombres en edad de trabajar no tienen empleo registrado, de los 20.000 habitantes de La Quiaca. Fuente: Hospital “Jorge Uro” de La Quiaca. 

616 son los kilómetros que separan la oficina más cercana del ministerio de Seguridad de la Nación con el paso fronterizo La Quiaca-Villazón. 

500 metros es la distancia entre la “Calle Jujuy”, un cruce sin controles, y el Paso Internacional Horacio Guzmán. 

153 personas, solamente, fueron condenadas por trata de personas en la Argentina. Fuente: juez federal argentino Santiago Inchaustti. 

6.033 personas son buscadas actualmente en la Argentina. 

Autor: Diego Granda 
Videos: Candela Grizutti - Armando Flores 
Fotografías: Sebastián Granda - Diego Granda
Fuente: Protex

La versión original de esta investigación está disponible enwww.investigacionesfopea.com. Este trabajo fue realizado por Diego Granda para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto La Otra Trama

 

 

 
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