Después del Chaco y Santa Cruz, el altiplano
Los “Sin Tierra bolivianos”, al abordaje nacional
Por Víctor Orduna

El Movimiento Sin Tierra (MST) ha descubierto que tiene mucho más efecto ocupar una hacienda a 70 kilómetros de La Paz que 10 en el Chaco tarijeño.

La ocupación de la hacienda Collana marca el traslado del conflicto agrario al Occidente del país donde se suponía que el latifundio estaba extinguido. ¿Cómo celebrará el MNR los 50 años de la Reforma Agraria?

El pasado lunes 30 de Junio, después de varios meses de anormal tranquilidad, la Ministra de Desarrollo Sostenible, Moira Paz, despertó bruscamente a la realidad agraria del país: “los ‘sin tierra’ habían tomado el latifundio Collana”.

La noticia no habría sido tan indigesta para la Ministra si Collana se hubiera encontrado en algún paraje oriental (donde, desde la ocupación de Pananti a mediados del 2001, suelen suceder las ocupaciones de tierras). Pero no, el fundo Collana está tan solo a una hora y cuarto de distancia de la oficina de doña Moira Paz (a unos 70 kms de La Paz, a medio camino de Oruro, en la provincia Aroma).

Collana es, para la historia, la primera ocupación en el Occidente del país. Es, además, un nombre que, repentinamente, desdice la historia agraria oficial según la cual la reforma agraria del 53 dio muerte y sepultura al latifundio en las tierras altas de la república. Historia que, en apariencia, está refrendada por los datos.

Hasta su intervención —por corrupción— en 1992, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización habían repartido 44 millones de hectáreas (la superficie total de Bolivia es de 109 millones de hectáreas) a cerca de 700 mil beneficiarios. En el Occidente, la mayor parte de la distribución se dirigió a las comunidades campesinas e indígenas que, hasta 1953, estaban sometidas al régimen de servidumbre de las haciendas.

Es precisamente por eso por lo que para oenegistas, analistas en temas de tierra y entendidos en la materia, lo del “latifundo Collana” suena a regresión o a arqueología agraria. Más aún cuando son “los nietos de la Reforma Agraria” —como los llama Miguel Urioste, director de la Fundación Tierra— los abanderados de la ocupación; los primeros —autodeclarados— “sin tierra” del altiplano. Jóvenes desheredados que después tanta subdivisión del latifundio ya no tienen, siquiera, opción de ser minifundistas.

Son también los herederos de un mallkismo que agoniza después de tres años de piedras y más piedras. La mejor prueba de ello es que mientras los aymaras del Tholar tomaban Collana, Felipe Quispe seguía insultándose televisadamente con su diputado rebelde, Germán Choqueuanca. La mejor prueba de ello es, también, que Quispe, en un ataque de celos, califique lo sucedido como una cuestión de loteadores. De igual forma, que Gabriel Bautista, el diputado del MIP por la circunscripción a la que pertenece Collana, esté teniendo una participación tan marginal en lo que está sucediendo en su región es una muestra más de cómo el ciclo de katarismo urticante felipista está acercándose a su fin.

El surgimiento de un Movimiento Sin Tierra (MST) de rostro aymara es lo peor que le podía pasar a Quispe. Para calibrar la influencia y extensión al altiplano de una organización —el MST— hasta ahora enclavada en el Gran Chaco tarijeño y en alguna provincia del norte cruceño hay que considerar dos datos, o mejor, dos cargos: Eulogio Quispe, campesino “sin tierra” de Achacachi (Omasuyos) es desde marzo —mes en que se realizó el Congreso Departamental del MST en La Paz— el ejecutivo de la dirección departamental.

Segundo dato: a pesar de sus diferencias con Ángel Durán, presidente nacional del MST, y de la pugna entre ambos por liderar las negociaciones con el Gobierno, Gabriel Pinto —“sin tierra” del Tholar (provincia Aroma)— es actualmente secretario nacional del MST.

Más allá de su legitimidad o no, la “toma de Collana” es el hecho agrario reivindicativo más contundente y abiertamente desafiante, en Occidente, a la política agraria renovada en 1996 con la aprobación de la Ley INRA. Es también, un claro indicador cronológico de evolución en las demandas agrarias en tierras altas. Pese a toda su radicalidad, lo más atrevido que llegó a demandar Felipe Quispe en sus bloqueos fue la sustitución de la Ley INRA por una Ley INDIO que proponía una especie de reconstitución territorial del Qollasuyo. Aun en sus momentos de mayor radicalidad nacionalista, Quispe nunca llegó a plantear la toma de tierras como estrategia sindical.

El traslado del conflicto agrario al Occidente, vía MST, señala un momento álgido en la “lucha por la tierra”. Aunque Collana es un asentamiento especialmente representativo no deja de ser un nombre más en la retahíla de ocupaciones que anuncian la primera ofensiva nacional de los “sin tierra” en el país: Los Sotos II y Santa Marta (Gran Chaco), predios municipales en Tarija, Terebinto (Ichilo, Santa Cruz), Collana (Aroma, La Paz), Chulumani (Sud Yungas). Así celebra el MST su tercer aniversario.

Y aunque las negociaciones —que siguen en pie— se resuelvan con un nuevo convenio —la discordia está en si las ocupaciones permanecen o no durante el saneamiento— es innegable que los Sin Tierra le han clavado una estaca al discurso gubernamental. Si Lula acepta la invitación que Sánchez de Lozada le hizo en Brasilia para que asista a la celebración de los 50 años de la Reforma Agraria, el próximo 2 de agosto, al Presidente no le va a ser fácil explicar cómo es que el legado revolucionario de Paz Estenssoro acaba en una ocupación masiva de tierras.

Nueve meses después…
¿Quién se acuerda del Plan Tierra?

En su última edición, La Nación —el periódico quincenal del MNR— tiene que recurrir a una foto de hace 50 años —un serio Víctor Paz Estenssoro firmando el decreto de Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953 en Ucurí— para tratar de convencer a su propia militancia de que la reforma agraria en el tercer milenio es posible y que el problema "tierra-territorio" está encaminándose hacia una solución definitiva.

En esa misma línea pero con un enfoque técnico, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), titula su última Gaceta Agraria con una noticia que dentro de 36 meses podría ser considerada una “herejía informativa”; el mencionado título dice: “En tres años se saneará la totalidad de tierras en el país”. Difícil misión si se considera que hasta hoy la superficie saneada es, apenas, un 15 por ciento del total.

Ante este resurgimiento discursivo agrarista cabe “bajar” a la realidad y preguntarse qué es lo que ha sucedido con las políticas agrarias desde que el 6 de agosto del año pasado el Gobierno prometiera que el tema “tierra” sería una de sus prioridades.

Esa pregunta es la que trata de responder el Proyecto de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en la primera edición de su Boletín “Temas de Debate”, titulado: ¿Quién se acuerda del Plan Tierra? A continuación se reproducen algunas partes de este trabajo.

A principios de septiembre de 2002, el Ministerio de Desarrollo Sostenible presentó un programa de urgencia —titulado Plan Tierra— que tenía, por lo menos, dos propósitos declarados: detener el conflicto social agrario —en esos momentos se registraban nuevas “tomas de tierra” en Terebinto y en El Choré, Santa Cruz— y convencer a la opinión pública de que era posible relanzar un proceso agrario con serias señales de agotamiento y paralización.
Después de nueve meses, se puede afirmar que el Plan Tierra todavía no alcanzó ninguno de sus propósitos iniciales. Primero, porque el conflicto agrario no se detuvo —volviendo a marcar una sangrienta cronología a mediados de noviembre de 2002 con la muerte de cuatro campesinos en el área de colonización de Yapacaní— y segundo, porque difícilmente se puede convencer a la opinión pública de una renovada voluntad política para relanzar el proceso agrario iniciado en 1996 cuando, tras nueve meses, el Plan Tierra ha sufrido una suerte de disolución al desaparecer del discurso de gobierno y del escenario mediático.

Los objetivos específicos planteados a corto plazo no se cumplieron completamente. En lo referente a la distribución inmediata de tierras, a pesar de haber duplicado el plazo que se autoimpuso el mismo gobierno (tres meses), todavía no se realizó uno de los tres asentamientos humanos programados: el de Ixiamas. En el caso de las concesiones forestales —que se calificaron como “inmediatas” aunque carecían de plazos— la burocracia estatal las ha sometido a un destino incierto y es poco probable que empiecen a beneficiar a comunidades campesinas e indígenas a corto plazo como pretendía el Plan.

Por otra parte, de las dos políticas más importantes del Plan —los Programas Nacionales de Saneamiento y de Distribución de tierras— sólo una —la que se refiere al saneamiento— ha sido elaborada y presentada públicamente. Sin embargo, su posible ejecución depende de los resultados de una estrategia de búsqueda de financiamiento que todavía se debe desarrollar (actualmente tan sólo se dispone del 16% del financiamiento requerido para acabar el saneamiento en tres años).

En lo referente a la titulación de tierras, la situación es especialmente complicada. El Plan Tierra se comprometió a entregar títulos a ocho mil beneficiarios, sin embargo, hasta hoy el Presidente tan sólo firmó unos 140 títulos agrarios. Al margen de las metas del Plan, el estancamiento en la titulación es insostenible a corto plazo puesto que pone en duda la voluntad del Estado de certificar los resultados del saneamiento de la tierra.

En los aspectos normativos y de institucionalización, el gobierno no ha actuado con la firmeza anunciada y se advierte una suerte de “dejadez” en la preocupación estatal por encontrar fórmulas legales más abreviadas y eficaces para el desarrollo del saneamiento y, sobretodo, para reactivar la función de la Comisión Agraria Nacional (CAN) ajustando sus funciones a lo establecido en la Ley INRA.

Los escasos resultados del Plan Tierra, lo incierto de su futuro y la insuficiente decisión para su aplicación demuestran una incoherencia en el discurso de un gobierno que insiste públicamente en la importancia vital del “tema tierra” pero que, en los hechos, muestra serias limitaciones para gestionar con éxito los cambios que él mismo propone. Estos son, uno por uno, los puntos más importantes del Plan Tierra:

Collana, ¿la última hacienda?
Se podría afirmar que una hacienda como Collana —una gran propiedad agropecuaria de 1.800 ha— es inusual, por su gran extensión, en tierras altas. De hecho, en el INRA se atreven a afirmar que Collana debe ser la propiedad más grande del altiplano y que, además, no existe ninguna otra susceptible de ser calificada como “latifundio”.

En cualquier caso, se trata de un fundo que, aún habiendo sobrevivido al 52 (en el INRA afirman que tras la reforma agraria, Collana pasó de 10 mil a 1.800 ha), no puede compararse con las inmensas superficies —que llegan hasta las 50 mil hectáreas— dedicadas a la ganadería en el Oriente del país.

Pero, claro, no es únicamente la extensión lo que define al latifundio. Apelando a las definiciones todavía vigentes del Decreto de Reforma Agraria de 1953, el cumplimiento de la Función Económico Social (FES) —la Constitución establece que la tierra tiene que cumplir una función económico-social para que el propietario mantenga su derecho— la existencia o no de latifundio. Es decir, que si Collana fuera una propiedad ociosa o improductiva podría considerarse latifundio.

Pero lo cierto es que en Collana sí existe actividad agropecuaria. Cualquiera puede comprar un queso o un helado Collana en La Paz. Sin embargo, tras la presentación de una denuncia, en febrero de este año, en la que los campesinos calificaban de “latifundio improductivo” a Collana, lo que le correspondía al INRA es resolver el conflicto aplicando un saneamiento simple de oficio. En otras palabras, realizando una pericia de campo para establecer si la superficie del fundo está acorde con su producción. Porque ése es el punto en discordia: el MST afirma que, por el número de cabezas de ganado (unas cien) y por los cultivos de alfalfa, tan solo 500 de las 1.800 ha de Collana cumplen una función económico social. La versión de Ángel Durán, presidente del MST, es que el INRA pidió a los comunarios que pagaran la mitad del saneamiento (unos 2.500 dólares).

INRA: ¿oficina de Bienes Raíces?
La versión de Fernando Valdivia, responsable de comunicación del INRA y coordinador del Programa de Asentamientos Humanos, es que la máxima institución agraria del país trató de mediar entre las partes desde el inicio del conflicto.

Una carta remitida por Valdivia a Ángel Durán, el 14 de marzo dice, en su parte final, lo siguiente:

Frustrada la venta, el INRA trató de convencer a la familia Iturralde de que el único camino para resolver el conflicto era el saneamiento de la propiedad. Según cuenta Valdivia, la familia se negó por dos motivos: el costo (que podría ser de uno 15 mil dólares en el caso del un saneamiento simple a pedido de parte) y el hecho de que la admisión de este procedimiento sería “como dar la razón a los campesinos”.

Cómo estropearle la fiesta al Gobierno
Lo sorprendente de todo este embrollo es que el INRA —y el Gobierno— por su lentitud, confusión y negligencia, manden al traste la imagen de lo que han querido presentar como el “relanzamiento del proceso agrario” por un conflicto que, desde el primer momento, se podría haber resuelto mediante el saneamiento. De qué institucionalidad puede hablar el INRA cuando sus funcionarios se dedican a actuar como agentes de venta de bienes raíces. Más aún cuando los mercados de tierras funcionan, en el país, al margen de la legalidad. Si ésta es una nueva función del INRA no hay mucho más que decir…

La toma de Collana y el reguero de ocupaciones en marcha y anunciadas han acabado, de golpe, con todas las efímeras esperanzas que pudiera haber generado la reciente presentación de un Plan Nacional de Saneamiento y Titulación de tierras y el anuncio de un “inminente” Plan Nacional de Distribución de Tierras. Esta semana, el MST ha reventado una carga de profundidad en los cimientos del “proceso agrario”.