* Rodolfo Henrich Arauz

En un recuento cuya historia comienza hace más de diez años atrás con la iniciativa emprendida desde Miami por la Dra. Roxana McSherry; la posterior creación en el seno de la Unión Cultural Boliviana Americana en Washington de la Comisión para la Doble Ciudadanía bajo la responsabilidad de quien escribe esta nota.

las sucesivas iniciativas entre las que se destacan el cierre de la campaña de recolección de firmas durante la celebración del Festival Boliviano del año 1995, evento en el que el Comité pro Bolivia habilita un espacio ex profeso para tal efecto; contactos, artículos y programas de opinión, charlas; exposición del tema en dos reuniones de la comunidad con los entonces presidentes Quiroga y Sánchez de Lozada durante sus visitas oficiales a Washington, la movilización y constante apoyo de la comunidad boliviana y sus organizaciones, el compromiso asumido por el entonces embajador Marcelo Pérez Monasterios son, entre muchas otras, parte de la crónica que culmina con la aprobación y promulgación, en fecha 20 de febrero de 2004, de la nueva Constitución Política del Estado en la cual, entre 15 artículos reformados, se incluye el del derecho a conservar la nacionalidad boliviana cuando se adquiriera nacionalidad extranjera.

Las firmas de la campaña, alrededor de cuatro mil, estampadas al pie de la carta dirigida al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que ingresa en fecha 23 de agosto de 1995 a la Vicepresidencia de la República bajo el Registro de Recepción No. 212, expone los fundamentos sobre la necesidad de la reforma de los Artículos 38 y 39 de la CPE pero no recibe atención alguna no solo por el proverbial descuido de los legisladores sino también por que el tema debería ser tratado y considerado en el marco general de una ley específica de necesidad de reformas conforme lo prescribe el Art. 230 de la CPE.

La iniciativa es promovida tiempo después por el entonces embajador de Bolivia ante la Casa Blanca, Marcelo Pérez Monasterios quien luego, y cuando ejercía la senaduría por el Departamento de La Paz, presenta esta propuesta ante el H. Congreso Nacional.

La Defensora del Pueblo recomienda expresamente su inclusión mediante carta CITE: D.P. 281/2000 dirigida en fecha 28 de agosto de 2000 al presidente Jorge Quiroga Ramírez en su condición de presidente nato del Congreso Nacional.

El peso de la realidad y la demanda de la opinión pública obligan al gobierno a considerar la necesidad de reformar la Constitución y a crear, mediante Resolución de la Presidencia del Congreso Nacional No. 008/2000/2001, el Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional que elabora y presenta, en fecha 1º. de noviembre de 2001, el Anteproyecto de Ley de Necesidad de Reforma Constitucional que incluye las reformas de los artículos citados líneas arriba.

Pero para continuar con el proceso, el Congreso Nacional, estancado por la incapacidad y la falta de voluntad política de quienes legislan más para satisfacer sus apetitos personales y partidarios y perpetuarse en el poder sin que el pueblo y sus necesidades les importe un bledo, se ve forzado a aprobar en grande el Anteproyecto de Ley de Necesidad de Reforma Constitucional al filo de que concluya el periodo legislativo de 2002 para ponerse a salvo del juicio y la condena inexorable de la historia.

Tuvo aún que pasar más de un año, la convulsión social de octubre entre medio, para que el presidente Carlos Mesa en enero de este año, pidiera al Congreso que atienda la reforma, el referéndum y la Constituyente. Tratados los temas conforme a ley, la Cámara de Diputados aprueba el 12 de Febrero de 2004 el Proyecto de Ley de Reformas a la Constitución que incluye la Constituyente, el referéndum y la iniciativa legislativa, y el 20 de febrero de 2004 es aprobada la Ley por la Cámara de Senadores y promulgada a su vez por el Presidente de la República.

En lo que a la nacionalidad y a los derechos del ejercicio pleno de la ciudadanía concierne, se ha reparado la injusticia con que se castigaba, despojando de su condición de bolivianos, a quienes adquirían nacionalidad extranjera. Pero será la Constituyente a reunirse el próximo año la que tendrá a su cargo la reforma total de la Constitución en el marco de la dinámica que la realidad exige.

El Título Tercero, Capítulos I y II Nacionalidad y Ciudadanía respectivamente deberán revisarse, analizarse y adecuarse a esta dinámica considerando el criterio del jurista Santa María de Paredes (Diccionario Jurídico Cabanellas) en sentido de que “La nacionalidad expresa, en general, la cualidad de pertenecer a una nación; y la ciudadanía, la de ser miembro activo del Estado, para el efecto de tomar parte en sus funciones.”