Según la información proporcionada por un senador de la oposición, el Gobierno habría logrado obtener la mayoría congresal para convertir sus decretos en leyes, de la misa forma lograr la selección de las autoridades del Poder Judicial que se estaban dilatando debido a la pugna política.
Morales dijo en la casa de Gobierno que las propuestas están destinadas a subsanar algunas cuestiones constitucionales, entre ellas la elección de dos prefectos revocados de sus cargos en el referendo del pasado 10 de agosto.
La Carta Magna no contempla una nueva elección de esos puestos, pero para encontrar una figura constitucional es que el Congreso debe aprobar la ley remitida por el Poder Ejecutivo, dijo Morales.
Esas medidas fueron comunicadas por el Jefe de Estado en una rueda de prensa que ofreció en el Salón de los Espejos de Palacio Quemado. Morales dijo que su administración gubernamental decidió dar esos pasos legales para evitar "cualquier pretexto" que posiblemente tenga la Corte Nacional Electoral (CNE) para poner obstáculos a ese acto eleccionario.
En ese entendido, aseguró que el Decreto Supremo Nro. 29699, que convoca a elecciones para la selección de prefectos en La Paz y Cochabamba, garantiza la elección de ambas autoridades con el voto del pueblo.
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Tanto como el ahora prefecto paceño José Luis Paredes como el cochabambino Manfred Reyes Villa fueron revocados de sus mandatos durante el referendo realizado el pasado 10 de agosto. Interinamente lo reemplazan Pablo Ramos y Rafael Puente, respectivamente.
Asimismo, Morales aseguró que en el transcurso de las siguientes horas remitirá al Congreso Nacional dos proyectos de ley, uno referido al referendo dirimidor y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE); y el otro para la modificación del Código Electora, Ley de Partidos Políticos y de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas.
En el artículo 1, del primer proyecto de ley, se convoca para el domingo 25 de enero de 2009 a referendo dirimidor y para refrendar el texto íntegro de la nueva Constitución Política del Estado.
El segundo proyecto de ley, contiene las propuestas para la modificación al Código Electoral, de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas.
En el artículo 1, de este proyecto de ley, se incorpora la selección de prefectos o prefectas departamentales, consejeros o consejeras departamentales y de subprefectos.
En ese sentido, el Jefe de Estado explicó que las argumentaciones hechas en el decreto supremo, están basados en las distintas normas vigentes.
Morales señaló que esos proyectos de ley permitirán profundizar la democracia boliviana con la elección de 112 subprefectos, para igual número de provincias, y de los consejeros departamentales.
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No obstante, el gobernante aseguró que existe una profunda preocupación del pueblo boliviano por la aprobación de la nueva Carta Magna. "Quiero pedir de manera respetuosa al Congreso, a las distintas bancadas, aprobar este proyecto de ley para refundar Bolivia y crear un Estado plurinacional, donde estén todos los sectores dentro de una diversidad de culturas e identidades", dijo Morales.
Solicitó al Parlamento Nacional hacer los esfuerzos necesarios para aprobar estos proyectos de ley para garantizar las transformaciones profundas que fueran respaldadas por dos tercios de voto popular durante el último referendo revocatorio de mandato.
El Presidente puntualizó que, pese a ese respaldo del pueblo, algunos grupos no quieren la igualdad propuesta, y menos solucionar los problemas sociales y económicos de las mayorías y, por el contrario, intentan convulsionar al país por sus intereses particulares. Convocó a esos grupos radicales a sumarse al diálogo, apostando por las transformaciones estructurales y profundas del Estado. "Bolivia no puede seguir siendo visto como un país pobre, en permanente conflicto, por la acción de unos cuantos grupos que pretenden crear una mala imagen a un pueblo que expresó su pensamiento por el cambio con casi un 70 por ciento de votos", aseguró la primera autoridad.
Destacó que el Gobierno fijó el 25 de enero de 2009, para el referendo constitucional enmarcado en los proyectos referidos, pero admitió que el Congreso puede modificar el proyecto de ley porque está facultado para ello.
